El Universo
El gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) suscribieron finalmente un acta con varios acuerdos este 30 de junio, concretada gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), para culminar el paro nacional que duró 18 días en el país. Ahora la expectativa se concentra en el cumplimiento de estos compromisos y en los 90 días que durarán los diálogos para dar seguimiento.
Los últimos acuerdos a los que llegaron -suscritos en un acta elaborada por la CCE como mediadora, para poner fin a las movilizaciones- fueron instalar una mesa de diálogo para dar seguimiento a los acuerdos y la resolución de los temas pendientes, planteados por la Conaie, que tendrá como plazo 90 días y contará con la presencia de autoridades de las otras funciones del Estado. También la reducción del precio de los combustibles en un valor adicional de $ 0,05 para el diésel y las gasolinas eco y extra, elevando a $ 0,15 en total, y reformar el Decreto Ejecutivo 151, que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero del país.
En el primer diálogo, que se suspendió el 28 de junio por el ataque a un convoy militar en Shushufindi que provocó la muerte de un uniformado, otros compromisos alcanzados entre las partes y que ya están en marcha fueron intensificar y fortalecer los controles de precios en las provincias para evitar la especulación; declarar en emergencia al sector de la salud; implementar las políticas sociales ofrecidas: incremento en el Bono de Desarrollo Humano, duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe, puesta en el mercado de un aceite popular y derogar el Decreto Ejecutivo 95, que establece la política petrolera del Gobierno.
Gabriella Guerrero, analista y consultora política, considera que tras el fin del paro nacional con la firma de un acuerdo, el Gobierno tiene una “nueva oportunidad” para “tomar conciencia de que las cosas no van bien y tomar un nuevo plan de acción, redireccionar a personas que tiene en su equipo de trabajo, que han demostrado no ser eficaces y hacer frente a la fragmentación social dura que existe en el país y que se traduce en acercarse a la gente.
“No creo que queda un Gobierno debilitado, pero queda uno que tiene que trabajar y trabajarse desde ya, con políticas públicas que funcionen y desde la ciudadanía, si no se acerca a la ciudadanía, nuevamente se va a cortar la comunicación y estaremos en paro otra vez”, expresa.
No obstante, subraya que este pacto trae consigo un ultimátum por el plazo de 90 de días que puede provocar un ambiente complejo. “Si en 90 días no se cumple políticamente podríamos volver a estar en crisis, queda abierta esa posibilidad”, apunta.
Además menciona que la ausencia del presidente en los diálogos no es algo negativo y es correcto que se apueste por la diversificación de actores, en este caso por los más técnicos, y destaca que, dentro de lo que cabe, se han utilizado los recursos institucionales y normas, que es algo positivo, pero que aún quedan temas por tratar somo el uso de la fuerza.
Sobre este uso de la fuerza durante el paro, Jhonny Molina, técnico de estrategia comunitaria del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), menciona que el acuerdo es positivo, pero que es necesario revisar todo lo que ha ocurrido en cuanto a algunas violaciones de derechos humanos suscitadas.
“Se debe revisar la represión que se ha tenido desde la Policía en las manifestaciones, los bombardeos con gases lacrimógenos a instituciones, lo que ocurrió en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son hechos que se deben analizar y son resultado de esta paralización”, dice.
Para Molina, estos 90 días serán clave también para seguir buscando responsables de las disposiciones que se dieron y atentaron contra los derechos. Asegura que es algo que buscarán realizar desde las organizaciones sociales y de DD. HH. a nivel nacional para activar los recursos jurídicos necesarios, además de los juicios políticos de los que se ha hablado en la Asamblea Nacional contra los ministros del Interior y de Defensa, entre otras autoridades.
En tanto que para el economista Héctor Delgado, el pacto representa un gran esfuerzo económico para el Gobierno, sobre todo, por la reducción de precios a los combustibles y que aunque el paro llegue a su fin, la tarea que queda es bastante grande.
“Implica un esfuerzo de millones que no están presupuestados y viéndolo desde el punto de vista social, esta paralización ha dejado millonarias pérdidas. Al Gobierno le queda la gran tarea de cumplir con estos compromisos y ver de dónde obtiene esos recursos que no estaban presupuestados”, dice y comenta que es probable que se consigan de cobros tributarios pendientes, sin que esto implique nuevos impuestos o reformas que necesiten pasar por el Legislativo.
Delgado dice que el movimiento indígena logró la mayoría de sus peticiones lo que termina por fortalecerlo y que en el marco de los 90 días que durará la mesa de diálogo, es probable que exista temor en distintos sectores hasta conocer las resoluciones a las que lleguen.
“En los emprendedores, comercio en general, negocios, inversionistas, no tendrán seguridad, siempre se proyectan en un corto y mediano plazo y estos 90 días todos estos sectores estarán a la expectativa”, subraya.
Miguel Ángel González,presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, concuerda en que es positivo que finalmente se haya dado un acuerdo, pero reitera que el devolver la paz al Ecuador tiene un alto costo que al final del día lo pagan todos los ecuatorianos.
“Esta paz tiene un costo que al final del día lo pagamos todos. Por un lado, en el sector productivo se han perdido $ 772 millones en ventas. Por otro lado, al Gobierno le toca poner cerca de $ 700 millones”, dice y explica que este incremento en el gasto representa un sacrificio fiscal que impide que el Gobierno pueda aprovechar totalmente los recursos adicionales por el incremento del precio del petróleo, los cuales se iban a destinar al gasto productivo.
González menciona que la recuperación no será fácil y que es necesario que el Gobierno tome medidas que permitan empujar la reactivación, como acelerar la reducción del impuesto a la salida de divisas (ISD); eliminar aranceles, podría empezar con los mixtos que superan el límite de la Organización Mundial del Comercio; y, reducir el impuesto a los consumos especiales que encarece la vida.
El acta suscrita la tarde de este 30 de junio entre el gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena consta de diez puntos, con los que se concretaron algunos acuerdos que permitieron finalizar el paro nacional que vivió el país por 18 días.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), ambas partes se reunieron en la sede de esta institución, en Quito. Participaron como delegados del mandatario el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; el secretario de la Administración, Iván Correa; y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. Por el movimiento indígena, los presidentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza; de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza; y el del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Tuala; además del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Cabrera, y otras autoridades de la Iglesia católica.
A continuación un resumen de lo acordado tras una sesión que se instaló desde muy tempano en la mañana y concluyó pasadas las 14:30:
1. El régimen aceptó bajar cinco centavos más a los precios del galón de la gasolina extra y ecopaís y al del diésel, con lo cual en ambos casos se redujeron en quince centavos, contando los diez que dispuso días atrás. Con ello quedarán en $ 2,40 las gasolinas y en $ 1,75 el diésel. Además, se trabajará en políticas para focalizar los subsidios de los combustibles.
2. Se derogará el Decreto Ejecutivo 95, que se refiere a la política petrolera.
3. Se reformará el Decreto Ejecutivo 151 en el sentido de que no se podrá realizar actividad minera en zonas protegidas y arqueológicas, o de protección hídrica; y que se respetará el derecho a la consulta previa libre en los pueblos indígenas.
4. Se elaborará un proyecto de ley reformatoria al artículo 66 de la Ley Organización de la Circunscripción Territorial Amazónica.
5. El Gobierno destacó que, en atención a los pedidos de la Conaie, la Feine y la Fenocin, se elaboraron los siguientes decretos ejecutivos:
* 452, que dispone a gobernadores intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos, que elevan precios.
* 454, que se dispone declarar en emergencia salud.
* 456, que plantea políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a $ 55, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe.
* 462, que reduce el precio del diésel y de la extra y la ecopaís en $ 0,10.
6. Asimismo, el régimen se comprometió a derogar el estado de excepción que rige en varias provincias conforme retorne la paz social.
7. Los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con garantes con una metodología para tratar temas pendientes en la agenda de diez pedidos de la Conaie con una duración de 90 días.
8. De conformidad con lo estipulado, los movimientos indígenas declararon el cese de las movilizaciones y el retorno a los territorios y suspensión de actos que alteren la paz.
En el texto se menciona que el Gobierno acogió una parte de las propuestas presentadas con medidas compensatorias, pero que también reconoció que se deben identificar en conjunto las mejores vías a estas soluciones. Y que ambas partes manifestaron la necesidad de diálogo para reconciliar al país.
Tras la firma del documento, las partes se dieron apretones de manos y abrazos.
«Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos»
Guillermo Lasso
“Hemos alcanzado el valor supremo al que todos aspiramos: paz en nuestro país. Terminó el paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos”. Esa fue la primera reacción vía Twitter del presidente de la República, Guillermo Lasso, luego que se firmó en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) un acuerdo para dar fin a 18 días de paro nacional.
El acta suscrita este 30 de junio fue firmada por el Gobierno Nacional y representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).
Usando la misma red social de Twitter, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó: “Firmamos el Acta por la Paz con la que se da fin al paro y se hace un llamado por la convivencia pacífica, el orden público, el desarrollo económico del país y la reconciliación nacional. Hoy no hay ganadores ni perdedores individuales, hoy el único ganador es el Ecuador”.
Además, el Gobierno destacó que, en atención a los pedidos de la Conaie, la Feine y la Fenocin, se elaboraron los decretos ejecutivos: 452, que dispone a gobernadores intensificar operativos y mecanismos de control para prevenir procesos especulativos, que elevan precios; 454, que dispone declarar en emergencia al sector salud; 456, que plantea políticas públicas compensatorias para el sector rural y urbano, como el aumento del bono de desarrollo humano a $ 55, o el incremento del presupuesto a la educación intercultural bilingüe; y 462, que reduce el precio del diésel y las gasolinas extra y ecopaís en $ 0,10.
El acto de mediación se realizó en la sede de la CEE, en Quito, con la intervención de su presidente, monseñor Luis Cabrera. También participaron como delegados del mandatario el ministro Jiménez; el secretario de la Administración, Iván Correa; y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; mientras que por el movimiento indígena, los presidentes de la Conaie, Leonidas Iza; de la Fenocin, Gary Espinoza; y de la Feine, Eustaquio Tuala.
A lo dicho el Twitter por el presidente Lasso, el ministro de Interior, Patricio Carrillo, también usando esa red social, anotó: “La paralización deja fracturas sociales, es entendible la repulsa pública. Se debe trabajar para que el Estado tenga mayor capacidad de maniobra y el desorden que hoy carece de fronteras tenga límites. Cambiaremos cuando la honestidad democrática se demuestre desde la oposición”.
Carrillo aprovechó para felicitar el trabajo profesional de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de quien dijo son “instituciones democráticas, comprometidas con la paz y la seguridad de todo el Ecuador”.
Vía Twitter, el expresidente Rafael Correa cuestionó la actuación de Guillermo Lasso durante los días de paralización, diciendo en un hilo: “¡Qué bueno que paren las muertes y la violencia, pero esto demuestra que a Lasso lo único que le interesa es guardar su puesto, no la Patria. Si (Leonidas) Iza no era un interlocutor legítimo, y las pretensiones de la Conaie no eran válidas, ¿por qué los acepta? (…) Y si Iza era un interlocutor válido, y las pretensiones de la Conaie también, ¿por qué esperó tanto? Esa “espera” nos ha costado represión, destrucción y muerte. Nunca le importó el país, solo su sillón”.
Al momento en las calles de Quito se ve a indígenas que caminan por las calles con banderas en la mano, gritando frases que hablan de un triunfo de la protesta social. Los sonidos de las vuvuzelas y el pito de camiones que recorren ciertas calles con miembros de diversas comunidades indígenas en sus cajones, son la tónica de esta primera hora de terminado el paro en la capital.
