El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, que analiza las variantes y nuevas cepas del covid-19 en Ecuador, informó la noche de este viernes que la variante identificada en el Reino Unido es predominante en la ciudad de Quito, con hasta el 80% de los casos analizados en algunos hospitales, mientras que la variante identificada en Brasil ya se encuentra en la provincia de Loja.
En ambos casos, las dos variantes ya se transmiten de manera comunitaria, según confirmó el Instituto.
Un nuevo aumento de casos y muertes por covid-19 en varias ciudades del país se registró desde febrero, luego de los feriados de carnaval y de Semana Santa, y han puesto a aumentado la carga sobre el sistema sanitario.
El Comité de Operaciones de Emergencia ha establecido restricciones a la movilidad durante la noche y madrugada en varias provincias, pero los colegios de médicos de Pichincha y Guayas claman al gobierno para que disponga un nuevo confinamiento de la población, al señalar que los hospitales están operando más allá de límite de su capacidad y hay decenas de personas en listas de espera para ingresar a las unidades de cuidados críticos.
El estado de excepción con toque de queda que el gobierno dispuso en ocho provincias terminó el viernes 9 de abril, antes de las elecciones presidenciales.
Según el reporte diario del Ministerio de Salud, se registran hasta este sábado 358.157 casos confirmados por covid-19 con pruebas PCR y 12.677 fallecidos confirmados con el virus, más 4.964 probables por covid-19.
Jorge Wated, secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, anunció este domingo que se pedirá a la Corte Constitucional (CC) un cuarto estado de excepción, ante el alarmante repunte de contagios con COVID-19, virus que ha dejado más de 16.000 muertes, entre confirmadas y probables, en Ecuador.
El funcionario indicó que antes del feriado de Semana Santa se solicitó un confinamiento selectivo durante un mes. “Se tomaron las medidas y la Corte Constitucional dio de baja por tercera vez el estado de excepción”, refirió Wated.
El tercer estado de excepción duró una semana, desde el viernes 2 hasta el viernes 9 de abril. En ocho cantones del país se restringió la movilidad de personas entre las 20:00 y 05:00.
Varios doctores indican que es oportuno decretar un confinamiento para frenar el avance de los contagios de coronavirus. En el país ya se han reportado las variantes británicas, brasileñas y de Nueva York del COVID-19.
El médico infectólogo Washington Alemán sostuvo que existe un aumento sostenido progresivo del virus, además el número de fallecidos sigue incrementándose, así como el número de pacientes que esperan por espacio en unidades de cuidados intensivos.
La epidemióloga Andrea Gómez explicó que es necesario un nuevo confinamiento y que debe durar mínimo tres semanas, que es el tiempo de incubación del virus.
En la ciudad de Loja se reportan dos casos positivos para la variante brasileña P1 del COVID-19, según Paola Dalgo, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, quien realiza estudios de los casos de coronavirus en conjunto con el Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito.
“Este paciente no tiene relación o nexo con el primer caso reportado el lunes 12 de abril, por lo que se pudiera establecer que en nuestra ciudad ya existe una transmisión de tipo comunitario en esta variante (brasileña)”, dijo Dalgo.
Este nuevo caso es de tipo ambulatorio, es decir, su muestra fue tomada en un laboratorio privado de la ciudad y de esa muestra se ha determinado que presenta la variante brasileña.
“Los pacientes que presentan la variante brasileña no tienen ninguna relación, con lo cual podríamos inferir que ya existe una transmisión de tipo comunitario. Ahora mismo en la presente semana hemos recaudado más muestras de otros centros y casas de salud de nuestra ciudad, y esperamos los resultados para ver qué sucede la semana que viene, y sobre todo porque ya hemos encontrado algunas estadísticas que llaman la atención, como es el caso de la variante británica que la tenemos en un 50% ya de nuestro universo”, aseguró la experta.
Los resultados determinan que se ha encontrado en los muestreos, en la mitad del universo, la variante de tipo británica. “Esto llama la atención porque pudiese esto relacionarse con lo que está ocurriendo, con respecto a la alta tasa de mortalidad y números de contagios que vive nuestra ciudad”, refirió la investigadora.
Explicó que se encontró a un paciente de tipo ambulatorio que presenta la variante de New York, y que tenían conocimiento de que para noviembre del 2020 se reportó dicha cepa en Guayaquil.
“La encontramos distribuida en nuestra ciudad, siendo un solo caso en las muestras que hemos testeado. Esperamos continuar con más muestreo para robustecer la investigación y vemos que más hallazgos encontramos, pero es preocupante porque de todas las muestras que levantamos, siempre hay una nueva variante o se suma una más de las que ya hemos encontrado, entonces hay una alta tasa de transmisión con respecto a las variantes que están circulando en la ciudad de Loja”, afirmó Dalgo.
Según información científica, la variante británica tiene de un 50% a 70% de mayor transmisibilidad con relación a la variante original. La variante brasileña presenta de 1.6 a 2.4 veces más de transmisibilidad frente a la variante original, y la neoyorquina, un 20% de mayor transmisibilidad.
“Tendremos que esperar un poco más para ver cómo funciona nuestra genética poblacional y saber cómo la variante va a comportarse en nuestra población”, indicó Dalgo.
Las muestras se han tomado de varias casas de salud, hospitales, laboratorios privados, pues la idea es tener un número sustancial de muestreos. Incluso en las próximas horas se ampliará muestreos en las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe.
La idea no es alarmar a la gente pero sí recoger información que permita profundizar en la mitigación de la enfermedad, dijo la investigadora.
Por otra parte, la declaratoria de estado de excepción que conlleva, entre otros aspectos, la limitación del derecho de libre tránsito, a través de toques de queda, para tratar de disminuir el impacto del COVID-19 ha sido una disyuntiva entre el Gobierno nacional y la Corte Constitucional (CC) desde finales de agosto de 2020.
En ese mes, la exministra María Paula Romo informó que la CC no admitiría una nueva declaratoria de estado de excepción por la misma causa (calamidad pública), por lo que el régimen debía buscar otras medidas.
Sin embargo, en diciembre de ese año se recurrió nuevamente a la figura legal por la situación epidemiológica, pero en enero de 2021, la CC dejó sin efecto el decreto 1217 emitido por el presidente Lenín Moreno. Luego la Corte señaló que sí era posible que el presidente decrete un nuevo estado de excepción, pero focalizado por zonas, cantones o provincias.
El pasado 1 de abril, debido al aumento constante de personas fallecidas y contagiadas a causa del virus, el presidente volvió a declarar el estado de excepción, pero esta vez de forma focalizada, en ocho provincias durante 30 días.
Pero la CC, el pasado 6 de abril, dispuso que esta medida solo regiría hasta la medianoche del 9 de abril “en razón de que las medidas adoptadas, en particular el toque de queda, fueron justificadas por el presidente de la República únicamente hasta esa fecha”.
Además, ordenó a la Presidencia que en el plazo máximo de tres meses se elabore y presente ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule de manera adecuada el derecho a la libertad de tránsito de forma temporal y únicamente para afrontar la pandemia.
Este ‘tira y hala’ legal se ha formado por un error de interpretación de la CC y por fallas conceptuales del régimen, indica el abogado constitucionalista Ismael Quintana. “Cuando se decretó el primer estado de excepción el año pasado fue para 60 días y luego fue renovado por 30 días más. Después se quiso renovar por segunda ocasión, pero la CC no lo permitió porque a su juicio la figura legal no puede ser renovada indefinidamente. La CC incurrió en una equivocación interpretativa de la Constitución. Luego reculó al permitir los estados de excepción focalizados”, indica.
A partir de esa equivocación, según Quintana, surge el argumento del Ejecutivo de decir que la CC ha dictaminado que no se puede decretar más estados de excepción. “Además, la CC le ha venido observando al Ejecutivo, y con razón, que ha estado delegando todo al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. Ha estado delegando las decisiones que son exclusivas del presidente a esta institución que no existe constitucionalmente hablando”, afirma.
Entonces, ¿con el proyecto de ley exigido a la Presidencia se zanjará este inconveniente? No necesariamente, señala Quintana. La CC lo que le dice al presidente es que no se puede estar recurriendo al estado de excepción para enfrentar una pandemia que ya se volvió una situación ordinaria.
“No puede ser posible que se tenga a los COE cantonales dictando reglas que son estados de excepción solapados como las restricciones vehiculares que existen en ciudades como Quito o Guayaquil”, añade.
“Permanentemente la CC le ha venido exhortando al presidente que elabore un proyecto de ley que contenga un marco normativo que permita enfrentar la pandemia bajo el régimen constitucional ordinario. En el último dictamen ya hay un mandato y se ha dado un plazo de tres meses al Ejecutivo y tres meses a la Asamblea para su aprobación”, afirma en experto en derecho.
Para Kléber Sigüencia Suárez, abogado constitucionalista, la normativa aclararía “un poco más” el panorama jurídico con relación a la pandemia. Señala que las leyes son creadas para adaptarse a la realidad de la sociedad y que actualmente hay una situación imprevista por el constituyente y que debe presentarse una solución.
Además, añade que se debe dar un pronunciamiento jurídico que despeje las dudas que actualmente hay sobre el tiempo que puede durar el estado de excepción.
Quintana aclara que esta ley no podría imponer confinamientos o toques de queda, ya que este tipo de decisiones solo se pueden ejecutar con un estado de excepción.
Juan Zapata, presidente del COE nacional, afirma que están trabajando en la normativa y que tiene un 70 % de avance. Según el funcionario en 15 días estarán listos para presentarla. “Ni la Constitución ni la ley previeron una situación como la pandemia. Es el momento para que todos nos unamos tanto COE, CC, municipios y la ciudadanía”, señala.
El pasado 14 de abril, el ministro de Gobierno Gabriel Matínez estuvo en una de las sesiones del COE nacional y anunció que la siguiente semana invitarán a los miembros de la CC para que acudan a una de estas reuniones y conozcan con claridad las cifras de contagios, muertes y el número de personas que están a la espera por una cama en cuidados intensivos. Esto fue respaldado por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri: “Debemos lograr que se retome el estado de excepción”, dijo.
Tanto Sigüenza como Quintana concuerdan en que la aprobación y análisis de la normativa se daría en el Gobierno entrante de Guillermo Lasso, ya que se necesita de un estudio cuidadoso con base a data científica y jurídica para saber qué se podrá regular dentro del derecho a la libertad de tránsito. Los juristas aseguran que Lasso sí podría hacer uso de la figura del estado de excepción de ser necesario siempre que se enmarque en las aclaraciones de la CC.
Por otra parte, Familias se ayudan entre sí y hasta prestan dinero para alcanzar a hacerse la prueba PCR de COVID-19.
El caso de Ana, de 72 años, tiene insuficiencia respiratoria aguda. Lucha por su vida en una cama UCI del hospital de Milagro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Hace más de 15 días tuvo los primeros síntomas de COVID-19, se hizo una prueba rápida que tenía un familiar a la mano y le salió negativo. Se confió. Los días pasaron y la fiebre, el malestar y la tos, entre otros síntomas, también los sintieron sus hijos y el resto de familia que la cuidaba.
En el entorno familiar de Ana, ocho integrantes se hicieron la prueba COVID-19, incluida ella. Seis se hicieron el test de antígeno (sangre) por su apretado presupuesto y por la premura de confirmar quiénes estaban infectados. Les costó $ 35 cada una, es decir $ 210 solo en pruebas; mientras que dos se hicieron la PCR, les salió a $ 55 cada una, $ 110.
Esta es la muestra de una realidad que vive un gran porcentaje de familias ecuatorianas por la pandemia del COVID-19. El costo para hacerse las pruebas en los laboratorios privados es alto (igual que las medicinas), sobre todo para la PCR (hisopado neofaríngeo), test oficial que maneja el Ministerio de Salud (MSP) para el registro de casos. Pero en los hospitales y centros de salud públicos, el acceso a esas pruebas es difícil, pues solo lo hacen a quienes están ya con síntomas intensos.
El costo rebasa el presupuesto familiar en medio de la crisis económica que se afronta debido a la pandemia. Esto, a nivel de salud pública, ha ocasionado que no se puedan detectar los casos, que no haya un correcto seguimiento epidemiológico y que muchas familias -sin acompañamiento médico- polimediquen a los pacientes que terminan con cuadros graves, requiriendo de una cama en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) de un hospital o clínica.
l pasado miércoles, el COE nacional dispuso que el MSP revise y regule los techos de los precios de las pruebas diagnósticas para COVID-19 en laboratorios privados a nivel nacional. El ministro de Salud, Camilo Salinas, indicó que se coordina con las diversas entidades para empezar operativos de control no solo del precio, también para garantizar la calidad.
Hasta el viernes 16 de abril de 2021 Ecuador reporta 1′218.869 pruebas PCR tomadas en los laboratorios autorizados a nivel nacional desde que empezó la pandemia del COVID-19, puede haber más de una prueba por paciente. De ese total, hubo 355.964 test que salieron positivo, según el reporte de ese día.
Según médicos y familiares de pacientes enfermos con el virus, los principales motivos para no hacerse una prueba PCR son económicos. “No hay circulante, las familias gastan primero en la medicina para tratar lo urgente; otra es que por esa necesidad de saber si tiene el virus se opte más por la de antígeno y hasta por las rápidas, porque son baratas, pero no certeras. Otro factor es el miedo que sienten de acudir a hospitales o laboratorios, tienen temor de contagiarse”, explicó el médico epidemiólogo Jhonny Real, exdirector de Vigilancia de la Salud Pública del MSP.
Él recordó que el costo de una prueba PCR era de más de $ 150 al inicio de la pandemia, luego bajó a $ 100 y ahora va de $ 55 hasta los $ 90 en el sector privado.
Al momento, la Junta de Beneficencia de Guayaquil es una de las tarifas más económicas, $ 50 en el Luis Vernaza y $ 55 en los puntos estratégicos. Esta entidad, a más de tener precios reducidos también amplió los puntos de muestra para realizar más testeos que ayudarán también a detectar los casos positivos para poder tratarlos a tiempo.
La doctora Vicenta Cevallos, subdirectora técnica del laboratorio privado Interlab, explicó que la demanda de pruebas PCR ha aumentado en estos últimos días. Al menos se realizan 500 tomas de muestras por día entre personas que necesitan el resultado por tema médico, por viaje o para algún trámite particular.
