El Gobierno considera «una inmoralidad» el proyecto de ley, que castiga con penas de entre 6 y 20 años a las mujeres que interrumpan el embarazo, incluso si han sido violadas.
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El Gobierno considera «una inmoralidad» el proyecto de ley, que castiga con penas de entre 6 y 20 años a las mujeres que interrumpan el embarazo, incluso si han sido violadas.
